La historia fue conflictiva desde un principio: en julio, el Gobierno de la Ciudad cerró el Parque Las Heras, para construir cocheras subterráneas. Cuando los vecinos se enteraron, consigueron un recurso de amparo, que frenó las obras hasta que se hiciera una audiencia pública. Esto ocurrió ayer y, tras esa reunión, la Justicia confirmó la medida y ordenó la reapertura el Parque.

La resolución del juez Roberto Gallardo obliga al GCBA y la constructora Vialco S.A. a sacar las vallas, limpiar el sector donde trabajaron y reacondicionar las instalaciones para dejarlas en un estado idéntico al momento de su clausura. Si no cumplen antes del lunes a las 11, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el presidente de la empresa se expondrán a denuncias penales.

¿Por qué semejante conflicto? Según Gallardo, Vialco no presentó un estudio completo de impacto ambiental que integre todos los elementos del medio ambiente. Porque, aparte de proteger especies de árboles que tienen más de 50 años, se suma otro factor: es un lugar de valor arqueológico para la ciudad.

En mayo de 1877, cuando Buenos Aires apenas se preparaba para crecer como capital de nuestro país, los calabozos del Cabildo ya no daban abasto. Fue así que comenzó a funcionar la Penitenciaría Nacional, en la esquina de Las Heras y Coronel Díaz, donde se alojaron condenados y presos de máxima seguridad.

Se trató de una especie de castillo medieval, con dos pisos de largos pabellones, a los que el guardia podía controlar sin necesidad de girar la cabeza. El régimen era muy estricto pero, con el paso del tiempo, las normas se flexibilizaron tanto que hasta hubo una pileta olímpica de natación.

Ya sobre la mitad del siglo pasado, con una Capital Federal más parecida a la que conocemos hoy, la cárcel fue mal vista en una zona que creía en población de buen pasar económico. Y así, llegó su demolición entre septiembre de 1961 y enero de 1962, para dar paso al gran espacio verde de la actualidad.

Por todo lo que les cuento, diagramar una obra en este lugar necesita un análisis complejo para recuperar y evitar la destrucción de cualquier elemento histórico que pueda existir. Y ahora viene la polémica: para el juez, no se cumplieron con todos los pasos necesarios, mientras que la Procuraduría General de la Ciudad asegura que la resolución no tiene fundamento.

Con esto, se abren nuevas instancias de discusión y debate, pero algo queda bien claro: es lógico encarar construcciones para resolver los problemas que sufrimos a diario los vecinos, pero también resulta indispensable resguardar la historia, que hace a nuestra identidad como porteños.

Foto: Wikimedia Commons