Para cerrar uno de los temas que venimos siguiendo hace algunas semanas, la Justicia respondió positivamente los reclamos de las ONGs protectoras del patrimonio porteño, confirmando una acción de amparo presentada por estas. A partir de ahora, estará prohibida la demolición de edificios anteriores a 1941, aún con la autorización del Gobierno de la Ciudad.

La medida dictada por la jueza Andrea Danas es precautelar; eso quiere decir que es una medida urgente a través de la cual se busca impedir acciones irreparables que se produzcan debido a la falta de prórroga de la ley que prohíbe la demolición de edificios. De acuerdo con la jueza, la Legislatura aún tiene que discutir este tema (que no salió de comisión), por lo cual, la situación tiene que congelarse en su estado actual hasta que se resuelva. La jueza también pidió que se envíen a Tribunales las copias de los expedientes relacionados con el tema.

Los encargados de presentar la acción de amparo fueron las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y SOS Caballito. Esta medida impedirá que, mientras se está debatiendo la prórroga de la ley, se realicen demoliciones a edificios antiguos aprovechando una situación de relativo vacío legal. Gracias a esta acción, los edificios contarán con una protección. Pero ahora, todo queda en manos de los legisladores.

Recordemos un poco la situación para comprenderla correctamente. A principios de diciembre, salió a la luz el hecho de la falta de protección de los edificios antiguos, a partir de la carencia de prórroga de la ley 2.548 que se encarga de resguardar a las construcciones anteriores a 1941. Se trató de un error legislativo, dado que los diputados porteños no consideraron la ley tan relevante y ni siquiera la trataron en el recinto. Legalmente, sólo se podría comenzar a demoler, sin autorización del gobierno de la Ciudad, a partir del 31 de diciembre. Pero la carencia de protección sumó una víctima más a la tragedia del patrimonio porteño: la casa de Alfonsina Storni en el barrio de Flores.

Con el correr de los días, también se dio a conocer que la demolición de este edificio fue ilegal, pues la casa de Storni estaba protegida por dos proyectos de ley que buscaban transformarla en patrimonio arquitectónico de la Ciudad. Las organizaciones no gubernamentales pusieron el grito en el cielo, y después de una manifestación frente a la histórica Confitería del Molino (que, como nos enteramos la semana pasada, podría ser expropiada y reabierta en los próximos meses), lograron la acción de la justicia.

Interesantes novedades que esperamos que puedan confirmarse en la Legislatura. ¿Qué piensan ustedes al respecto?