Un nuevo feudo entre el gobierno porteño y el gobierno nacional ha llegado. En esta oportunidad, se trata del espacio al lado de las vías ferroviarias, que en teoría, y de acuerdo con una ley de 2009, no puede ser utilizado con fines publicitarios (como por ejemplo, instalando carteles). Sí alguna vez pasamos por la avenida Juan B. Justo, sabremos que lo que más abunda en la zona palermitana y al lado de las vías, son carteleras, así que desde ya podemos ver que esta ley no se está cumpliendo. ¿Cuál es el problema de fondo?

Por un lado, tenemos el argumento de la Ciudad, que prohibe la instalación de carteles publicitarios en terrenos ferroviarios. Pero por otro lado, tenemos las acciones del gobierno nacional, que licitó y adjudicó a empresas decenas de pantallas de publicidad junto a las vías. Esto se logró gracias a un recurso judicial. Y finalmente, nos encontramos con las empresas del sector publicitario, que se están quejando de competencia desleal y contaminación visual.

El "escudo" legal de la Ciudad es la ley 2.936 de Publicidad Exterior. En su momento fue una norma controversial, que incluyó un veto parcial y muchos desacuerdos. Básicamente, lo que logró esta ley fue restringir el espacio disponible para la publicidad en las calles, y prohibió las marquesinas y carteles en grandes avenidas y zonas particulares. A regañadientes, las empresas publicitarias aceptaron la regulación, pero a cambio recibieron la oportunidad de poder instalar pantallas LED en zonas como el Obelisco.

Al mismo tiempo que la ley entraba en vigencia, también se estaban licitando 300 pantallas en terraplenes y puentes ferroviarios, por ejemplo, en el ya mencionado Puente Pacífico y en las vías de Retiro. Esto se llevó a cabo desde la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que depende del Gobierno nacional. El gobierno de la Ciudad puso el grito en el cielo y logró que se eliminaran algunos de estos carteles, como los de los puentes de Figueroa Alcorta, Dorrego, y el viaducto Carranza. Pero los carteles en los playones del tren quedaron allí, pues esos son terrenos federales.

La novela se extendió en mayo cuando un juez federal otorgó un recurso de amparo a la ADIF, a través del cual se le prohibió a la Ciudad rechazar los permisos para instalar carteles en terrenos ferroviarios. De acuerdo con el juez, y también con la ADIF, las ganancias obtenidas a través de la venta de espacio publicitarios en las vías y terraplenes son reinvertidas en mejoras de la infraestructura ferroviaria. Así, se estaría afectando un interés público.

Estemos de acuerdo o no con la instalación de carteles, la cuestión es que se está violando una norma. Veremos cómo se logran armonizar estos intereses, dado que la Ciudad es autónoma y por ende el Estado nacional no debería inmiscuirse en sus decisiones y tampoco violar sus leyes, debido al principio federal. Por otro lado, no podemos ver cómo carteles publicitarios en las vías del tren producen una contaminación visual, pero sin embargo son permitidas las pantallas LED gigantescas que podemos ver en ubicaciones como el Obelisco y Cabildo y Juramento. Si ellas están permitidas por la ley, entonces hay que hacer una reevaluación de qué es lo que consideramos contaminación visual.

Foto: Diario Clarín