Esta mañana, se generalizó el aumento en los subterráneos, porque ahora los usuarios de las tarjetas SUBE y Monedero también están obligados a abonar una tarifa de $ 2,50 por viaje. Sin embargo, los juzgados no paran de recibir recursos de amparo, mientras los usuarios y algunas organizaciones se manifiestan en contra y toman sus propias medidas.

Tan sólo ayer, hubo cuatro nuevos reclamos, que se suman a los otros cuatro presentados durante el resto de la semana. Como el juez Fernando Juan Lima decidió unificarlos, no se interrumpe el proceso judicial que ya está en marcha, el cual incluye pedidos de informes tanto al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, como a Metrovías, quienes deberían responder entre el martes y miércoles.

Los puntos en común de las demandas son que el incremento se anunció apenas un día después de la transferencia del subte a la órbita de la Ciudad, así como el uso de una audiencia pública que ya tiene más de diez años para justificar el aval del nuevo precio. Es por eso que una de las posibles resoluciones judiciales podría ser la convocatoria a una nueva reunión.

Además de todos los amparos, la ONG Ciudadanos Libres fue más allá e hizo una denuncia penal contra Macri, acusándolo de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por fijar el aumento sin llamar a una audiencia pública, algo que seguramente llevará más tiempo para resolverse que la propia cuestión del valor de los pasajes.

Mientras tanto, según la FUBA ya se juntaron 150 mil firmas rechazando la forma en que se modificó el precio, y unas 40 organizaciones estudiantiles, sociales y gremiales nucleadas en la Multisectorial evalúan nuevos mecanismos de protesta. Sin dudas, esta historia tendrá todavía más capítulos durante las próximas semanas. Y por ahora, sólo se salvan quienes compraron boletos con anticipación...

Foto: Michele Molinari